La Ley de Financiamiento Universitario, elaborada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), propone elevar progresivamente el presupuesto destinado a las universidades públicas hasta alcanzar el 1,5% del PBI en 2031. También establece la actualización automática por inflación de los gastos de funcionamiento, la convocatoria a paritarias para docentes y no docentes, y la creación de un fondo especial para carreras estratégicas. El proyecto recibió 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, y fue girado al Senado para su tratamiento.

En paralelo, se aprobó la declaración de emergencia sanitaria en salud pediátrica y residencias médicas, conocida como “Ley Garrahan”. La norma contempla la recomposición salarial del personal y residentes al nivel real de noviembre de 2023, la eliminación del nuevo régimen de becas optativas y la creación de partidas específicas para sostener el sistema. Según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal sería de más de $130.000 millones anuales, cifra que el Gobierno considera “incompatible con el equilibrio fiscal”.

La sesión se inició con quórum propio de la oposición, que logró reunir 135 diputados presentes. El oficialismo, representado por La Libertad Avanza, rechazó ambos proyectos y advirtió que serán vetados por el presidente Javier Milei, tal como ocurrió con las leyes previsionales aprobadas en julio. La diputada Mercedes Llano calificó las iniciativas como “populistas” y “sin respaldo presupuestario”, mientras que su par Carlos Zapata acusó a la oposición de “atacar el sustento del Gobierno”.

Además, se retiró del temario el rechazo al veto presidencial sobre la ayuda a Bahía Blanca, al no alcanzarse los dos tercios necesarios para insistir con la ley original. La oposición también emplazó a las comisiones de Presupuesto y Energía para tratar los proyectos de distribución del impuesto al combustible y los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), promovidos por gobernadores.

Con esta nueva jornada legislativa, el Congreso vuelve a posicionarse como actor central en la disputa por el rumbo económico y social del país, mientras el Ejecutivo refuerza su estrategia de veto y ajuste.