El Senado avanzó con la aprobación de dos proyectos que desafían abiertamente la política de ajuste del Poder Ejecutivo. La declaración de emergencia pediátrica para el Hospital Garrahan y el refuerzo presupuestario para las universidades nacionales fueron votados con mayoría agravada, en una sesión que expuso fracturas internas y alianzas tácticas entre bloques opositores, radicales y fuerzas provinciales.

El proyecto sobre el Garrahan contempla aumentos salariales, recomposición de insumos y equiparación de remuneraciones al nivel de noviembre de 2023. La iniciativa, que ya contaba con media sanción de Diputados, fue defendida por legisladores que denunciaron el “abandono sistemático” de la salud infantil. Según estimaciones técnicas, el impacto fiscal rondaría los $133.433 millones anuales.

Además, el Senado aprobó el proyecto de financiamiento universitario, que actualiza el presupuesto desde enero de 2025 y blinda los fondos frente a futuros recortes. La medida fue celebrada por rectores y sindicatos, que venían advirtiendo sobre el colapso operativo de varias casas de estudio.

El presidente Javier Milei anticipó que vetará ambas leyes, en línea con su política de déficit cero. “Todo lo que podamos vetar, lo vetaremos”, ratificó el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Sin embargo, el Congreso parece decidido a marcarle el paso en temas sensibles como salud y educación pública, incluso a riesgo de profundizar la confrontación institucional.

En paralelo al tratamiento de las leyes de emergencia pediátrica y financiamiento universitario, la cámara alta protagonizó otro momento de alto voltaje institucional: el rechazo por mayoría agravada de cinco decretos presidenciales que proponían la disolución o transformación de organismos nacionales estratégicos. Entre ellos, Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Banco Nacional de Datos Genéticos y entes vinculados a la Marina Mercante y la cultura.

La sesión, que comenzó pasadas las 11 de la mañana, estuvo atravesada por cruces verbales, discursos encendidos y presiones externas. Gobernadores, gremios y sectores estudiantiles jugaron fuerte para garantizar el quórum, mientras el oficialismo intentó sin éxito frenar el avance opositor.

Los decretos, impulsados por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger, ya habían sido rechazados por la Cámara de Diputados, lo que dejó al Senado con la última palabra. La votación fue contundente: más de 55 votos negativos en cada caso, y apenas una decena de apoyos al oficialismo.

El intento de disolver Vialidad Nacional fue uno de los puntos más resistidos por senadores provinciales, que denunciaron el vaciamiento de capacidades técnicas y el avance de la privatización encubierta. “Es como si aparece un enfermo de cáncer y para no gastar en tratamiento le pegan un tiro. Se acabó el enfermo, se acabó el problema”, lanzó el radical Pablo Blanco.

También hubo defensas encendidas del INTA y el INTI, organismos con décadas de trayectoria en innovación agroindustrial y tecnológica. “El INTA tiene un prestigio tremendo a nivel internacional. No se puede destruir lo que funciona”, advirtió Alfredo De Angeli, productor rural y senador del PRO.

La oposición acusó al Gobierno de querer gobernar por decreto y veto, desmantelando instituciones clave bajo el argumento del déficit cero. “No hay una Argentina posible si destruimos nuestra matriz productiva y científica”, sostuvo la senadora Silvina García Larraburu.

Con esta votación, el Congreso volvió a ejercer su rol de contrapeso, desactivando una avanzada que muchos calificaron como “motosierra institucional”. La sesión dejó en claro que, más allá de los números, hay una disputa de fondo por el modelo de país y el sentido de lo público.