La norma garantiza actualizaciones automáticas del presupuesto de las universidades públicas, recomposición salarial para docentes y no docentes, y paritarias obligatorias cada tres meses.

Contenido de la ley Impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la ley eleva el presupuesto universitario al 1% del PBI, establece actualizaciones bimestrales por inflación desde enero de 2025, y obliga al Ejecutivo a incorporar al salario básico todas las sumas no remunerativas antes de fin de año. También incluye fondos para hospitales universitarios, Ciencia y Técnica, Extensión Universitaria y la creación de carreras estratégicas.

Quienes votaron a favor El respaldo provino de Unión por la Patria, la UCR, parte del PRO y bloques provinciales. Entre los senadores que votaron afirmativamente se destacan:

Maximiliano Abad (UCR, Buenos Aires)

Eduardo “Wado” de Pedro (UP, Buenos Aires)

Juliana Di Tullio (UP, Buenos Aires)

Martín Doñate (UP, Río Negro)

Silvina García Larraburu (UP, Río Negro)

Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro)

Pablo Blanco (UCR, Tierra del Fuego)

Carlos Espínola (UP, Corrientes)

Anabel Fernández Sagasti (UP, Mendoza)

Carmen Crexell (JxC, Neuquén)

María Eugenia Duré (UP, Tierra del Fuego)

Daniel Bensusán (UP, La Pampa)

Carlos Arce (FR, Misiones)

Guillermo Andrada (UP, Catamarca)

Stefania Cora (UP, Entre Ríos)

Natalia Gadano (UP, CABA)

Flavio Fama (UCR, Catamarca)

José María Carambia (Santa Cruz)

Quienes votaron en contra el rechazo provino principalmente del oficialismo y algunos aliados. Votaron en contra:

Ezequiel Atauche (La Libertad Avanza, Jujuy)

Francisco Paoltroni (Formosa)

Carolina Losada (UCR, Santa Fe)

Martín Goerling (PRO, Misiones)

Carmen Álvarez Rivero (PRO, Entre Ríos)

Otros senadores libertarios y afines

Abstenciones Entre quienes se abstuvieron figuran:

Andrea Cristina (PRO, Chubut)

Victoria Huala (PRO, La Pampa)

Juan Carlos Romero (Provincias Unidas, Salta)

A pesar de ser aprobada, el Gobierno de Javier Milei anticipó su intención de vetar la ley, lo que abriría un nuevo capítulo de tensión institucional. La oposición ya evalúa insistir con la norma, aunque necesitará nuevamente los dos tercios en ambas cámaras para sortear el veto presidencial