La diputada bonaerense Ayelén Rasquetti (Unión por la Patria) presentó un proyecto que podría cambiar radicalmente el esquema de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) en la provincia de Buenos Aires. Su propuesta: que el costo del trámite deje de ser uniforme y se calcule de forma escalonada según el valor de mercado del vehículo.

Actualmente, todos los conductores pagan el mismo monto por la VTV, sin importar si manejan un auto de alta gama o un modelo económico con más de una década de uso. Para Rasquetti, este sistema es regresivo y socialmente injusto. “Hoy se cobra lo mismo a quienes menos tienen que a quienes poseen autos de lujo”, argumentó la legisladora.

El proyecto busca incorporar un artículo 17 bis a la Ley 13.927 de Tránsito, estableciendo que el valor de la VTV se determine según escalas vinculadas al precio oficial del vehículo, tal como figura en los registros de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor.

 ¿Cómo funcionaría?

La iniciativa contempla franjas de valor que definirían distintos niveles de tarifa. Por ejemplo:

Vehículos de bajo costo pagarían una tarifa reducida.

Autos de gama media abonarían un monto intermedio.

Unidades de alta gama enfrentarían una tarifa más elevada.

Este esquema permitiría aplicar el principio tributario de capacidad contributiva, asegurando que el esfuerzo económico sea proporcional al poder adquisitivo del propietario.

Rasquetti aclaró que la propuesta no modifica la obligatoriedad ni los estándares técnicos de la VTV. Las inspecciones seguirán siendo exigidas para garantizar la seguridad vial, pero el acceso al trámite sería más equitativo. “La idea no es desfinanciar el sistema, sino redistribuir la carga”, explicó.

Además, la legisladora destacó que los mayores valores que paguen quienes poseen autos más costosos compensarían la reducción aplicada a los vehículos de menor valor, manteniendo así la sustentabilidad del sistema.

La propuesta de Rasquetti se suma a otras iniciativas que buscan reformar el sistema de VTV, pero se diferencia por introducir un enfoque social explícito. Mientras algunos proyectos apuntan a mejorar la transparencia o los plazos entre revisiones, este pone el foco en la justicia fiscal y el alivio económico.