La causa de los audios: “Una operación política para desestabilizar”

Francos abrió su intervención refiriéndose directamente a la causa que investiga presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a partir de audios atribuidos a Diego Spagnuolo. Sin nombrar directamente a Karina Milei ni a “Lule” Menem, el jefe de Gabinete denunció que se trata de una “operación política” montada para golpear al Gobierno en un momento clave. “No vamos a permitir que se utilicen las necesidades de las personas con discapacidad como herramienta de extorsión institucional”, afirmó.

Intervención y auditoría en la ANDIS

El funcionario confirmó que el Gobierno ya inició una auditoría integral sobre el funcionamiento de la ANDIS, con especial foco en el sistema de compras y contrataciones. También se están llevando adelante sumarios administrativos internos. “La remoción del titular del organismo fue inmediata. No vamos a encubrir a nadie”, aseguró Francos, en un intento por marcar distancia del escándalo.

El Congreso y la ley de emergencia en discapacidad

Francos aprovechó la sesión para criticar el proyecto de ley de emergencia en discapacidad que se debatía en paralelo. Según él, la iniciativa “implica un gasto que el Estado no puede afrontar en este contexto de ajuste”. En ese marco, vinculó la filtración de los audios con el tratamiento legislativo del proyecto, sugiriendo que se trató de una maniobra para condicionar el debate parlamentario.

Transparencia y límites del Estado

En varios pasajes, el jefe de Gabinete insistió en que el Gobierno está comprometido con la transparencia, pero también con la “racionalidad fiscal”. “No podemos seguir prometiendo lo que no se puede cumplir. La política del subsidio indiscriminado terminó”, dijo, en línea con el discurso oficial de recorte del gasto público.

 El rol de los medios y la “vieja política”

Francos también apuntó contra ciertos sectores mediáticos y políticos que, según él, “no aceptan que ya no manejan los resortes del poder”. Sin dar nombres, habló de “operadores que se resisten a perder privilegios” y que “usan causas judiciales para volver por la ventana”. El mensaje fue claro: el Gobierno se ve a sí mismo como víctima de una embestida de la “casta”.