La maniobra, leída por fuentes judiciales como una advertencia directa al entorno presidencial, podría derivar en la incorporación de Spagnuolo como “imputado colaborador” en la causa.

Los audios, atribuidos al propio Spagnuolo, apuntan contra figuras clave del oficialismo, entre ellos Eduardo “Lule” Menem, Karina Milei y la ministra Sandra Pettovello. En las grabaciones, el exfuncionario denuncia presiones, destrato político y vínculos irregulares entre la ANDIS y la droguería Suizo Argentina. 

“Si yo hablo, armo un quilombo padre”, habría dicho en conversaciones privadas.

La entrega del material marca el paso del escándalo del terreno mediático al judicial. Según reconstruyó el periodista Mauro Federico, quien difundió los audios, el fiscal Picardi recibió el pendrive en persona y ya inició las diligencias correspondientes. En paralelo, el juez Sebastián Casanello ordenó múltiples allanamientos y secuestró los teléfonos de Spagnuolo, quien fue hallado en Pilar tras intentar eludir a la Policía.

El exdirector, que hasta hace semanas era considerado un hombre cercano a Javier Milei, ahora se encuentra aislado, sin respaldo político y con temor por su seguridad personal. En su entorno aseguran que “tiene miedo de vida” y que evalúa acogerse a la figura de arrepentido para evitar ser el único blanco del proceso judicial.

Mientras tanto, el Gobierno intervino la ANDIS y designó como interventor a Alejandro Vilches, figura vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo, lo que generó suspicacias sobre la imparcialidad de la auditoría interna que podría derivar en nuevas denuncias.

Con este escenario, el caso Spagnuolo ya no es solo un escándalo administrativo: se convirtió en una bomba política con derivaciones imprevisibles para la Casa Rosada.