“Estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”, escribió Milei, en un tono desafiante que encendió el debate sobre los límites entre la libertad de expresión y la protección de la privacidad institucional.

La reacción presidencial se produjo tras la difusión de grabaciones que involucran a Karina Milei en conversaciones con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Este último también se pronunció, calificando la filtración como “un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral”.

Desde el oficialismo, se sostiene que los audios fueron obtenidos de forma ilegal y que su publicación responde a una operación de inteligencia no institucional. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respaldó esa línea, advirtiendo que se trata de una maniobra “planificada y concertada” para alterar la opinión pública.

Mientras tanto, Karina Milei presentó una demanda judicial solicitando que se prohíba a los medios referirse a ella en relación con los audios, alegando que la difusión afecta su honor, su privacidad y la seguridad nacional. Aunque logró frenar la publicación de nuevas grabaciones, la Justicia no accedió a censurar el tratamiento periodístico del tema.