La norma, que fue aprobada por ambas cámaras del Congreso y luego vetada por el presidente Javier Milei, recuperó vigencia tras la insistencia legislativa. Sin embargo, su implementación sigue demorada. “El lunes el Senado la envió al Ejecutivo. Ya es ley. No es un consejo, es una obligación”, remarcó Arroyo en declaraciones radiales.

Puntos clave de la ley:

-Regularización de pagos y actualización mensual de aranceles para prestadores.

-Reforma del sistema de pensiones no contributivas.

Auditorías en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

-Actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

-Compensaciones económicas para talleres protegidos y centros de día3.

Arroyo denunció que se dieron de baja más de 200 mil pensiones, muchas de ellas por cuestiones administrativas como el domicilio, sin que los afectados recibieran notificación alguna. Además, calificó de “absurda” la intención inicial del Gobierno de judicializar la norma, y celebró que la Justicia haya declarado inconstitucional el veto en casos particulares1.

 “La ley no da lugar a la creatividad. Si el Gobierno actúa con racionalidad, la semana que viene la tiene que poner en marcha”, sentenció el exministro de Desarrollo Social.

Mientras tanto, desde Casa Rosada se especula con una aplicación parcial o dilatada, lo que podría empujar a prestadores y pacientes a judicializar su cumplimiento. Legisladores de distintos bloques advierten que, de persistir la inacción, impulsarán medidas contra el ministro Guillermo Francos2.

La emergencia en discapacidad, vigente hasta diciembre de 2027, se ha convertido en un test de sensibilidad institucional. Para Arroyo, “es una ley de pura justicia y humanidad, por fuera de toda grieta”