El diputado nacional José Luis Espert, referente de La Libertad Avanza, solicitó una licencia en la Cámara de Diputados hasta el 8 de diciembre, fecha en la que concluye su mandato. La nota enviada al presidente del cuerpo, Martín Menem, menciona “motivos particulares” como fundamento del pedido. Sin embargo, Espert no renunció al goce de sueldo, lo que generó cuestionamientos dentro del recinto y en el ámbito político.

La decisión se da en el marco de una investigación judicial por presunto lavado de dinero. El fiscal federal Fernando Domínguez lo imputó por haber recibido al menos 200.000 dólares del empresario Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y requerido por la justicia de Estados Unidos. Según la denuncia, el dinero habría sido canalizado a través de una red de empresas vinculadas a actividades ilícitas.

La polémica se intensificó cuando se conoció que Espert mantendrá su dieta legislativa pese a no cumplir funciones parlamentarias. La diputada Vilma Ripoll rechazó el pedido de licencia y exigió su renuncia definitiva, acusándolo de ser “partícipe necesario de una asociación ilícita”.

El legislador ya había renunciado a la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda y a su candidatura legislativa, en un intento por descomprimir la presión política. No obstante, su decisión de apartarse sin dejar de percibir el salario público reavivó el debate sobre la ética en el ejercicio de cargos electivos.

La Cámara de Diputados aprobó la licencia por mayoría, aunque con votos en contra y abstenciones. El caso Espert se suma a una serie de episodios que tensionan la interna oficialista y ponen en tela de juicio el discurso de transparencia que promueve el gobierno.