La solicitud de LLA buscaba reemplazar a Espert por Diego Santilli, pero la Justicia ya había determinado que el primer lugar debía ocuparlo Karen Reichardt. El fallo se fundamenta en la “imposibilidad material y temporal” de realizar una nueva impresión sin comprometer la transparencia y organización de los comicios del 26 de octubre.

Durante la audiencia convocada por la Junta, participaron representantes de todas las fuerzas políticas, el juez federal Alejo Ramos Padilla, la presidenta de la Suprema Corte bonaerense Hilda Kogan, el camarista Jorge Di Lorenzo y el ministro del Interior Lisandro Catalán. Todos los partidos, excepto LLA, se opusieron a la reimpresión.

Según estimaciones oficiales, reimprimir las boletas demandaría más de $12.000 millones y requeriría al menos cinco días por lote, cada uno compuesto por 3.3 millones de boletas. El proceso logístico, desde la puesta en marcha de la maquinaria hasta la distribución en los distritos, fue considerado inviable por los técnicos electorales.

La resolución enfatiza que “la certeza y previsibilidad del proceso electoral” son garantías esenciales para los partidos y los votantes. Aunque Espert ya no compite, su rostro permanecerá en las boletas, lo que podría generar confusión en el electorado. Sin embargo, la Junta aclaró que las BUP “mantendrán plena validez y vigencia”.

Un precedente institucional

Este fallo marca un precedente sobre los límites operativos del sistema electoral argentino frente a cambios de último momento. La Justicia priorizó la estabilidad institucional por sobre los intereses partidarios, en un contexto de alta polarización y escrutinio público.