La CATT (Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte) —que nuclea a sindicatos de colectivos, trenes, aviones, puertos y marítimos— fue la primera en fijar posición. Sus dirigentes alertaron que la reforma impulsada por el Ejecutivo “desregula derechos básicos, precariza el empleo y debilita la negociación colectiva”, en un mensaje que busca mostrar capacidad de reacción en un sector clave para cualquier medida de fuerza.

En simultáneo, la CGT mantuvo una reunión con intendentes bonaerenses del PJ para “analizar la situación social, económica y laboral que atraviesan los trabajadores”. Participaron Mayra Mendoza (Quilmes), Julián Álvarez (Lanús), Damián Selci (Hurlingham), Federico Achával (Pilar), Juan Luis Mancini (Salto), Waldemar Giordano (Colón) e Iván Villagrán (Carmen de Areco), entre otros jefes comunales que se sumaron al cónclave.

La central obrera también recibió en la misma jornada a diputados peronistas de extracción sindical, quienes anticiparon su rechazo a la reforma laboral al considerar que “no va a dar ninguna solución al crecimiento del país”. Los triunviros Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo encabezaron el encuentro en la histórica sede de Azopardo, donde dialogaron con Sergio Palazzo, Hugo Yasky, Mario Manrique, Vanesa Siley y Hugo Moyano (h).

El sindicalismo evalúa distintos mecanismos de protesta —desde plenarios sectoriales hasta una eventual movilización— mientras sigue de cerca la negociación parlamentaria. En la CGT aseguran que no buscan “romper puentes”, pero remarcan que no aceptarán “una reforma regresiva”.

El escenario abre una nueva fase de tensión entre el Gobierno y el movimiento obrero, con el transporte como actor central y los intendentes como pieza política clave en la estrategia de resistencia.