Las extraordinarias vigentes habían regido entre el 10 y el 30 de diciembre, pero el oficialismo no logró avanzar con dos iniciativas centrales de su agenda: la reforma laboral y las modificaciones a la Ley de Glaciares, ambas incluidas en el temario enviado al Congreso a principios de mes.

Según fuentes legislativas, el tratamiento de la llamada “modernización laboral” debió postergarse por falta de votos, en medio de la resistencia del sindicalismo y de sectores dialoguistas que reclamaron cambios en el texto. El Ejecutivo considera esta reforma como una pieza clave para la segunda mitad del mandato, al sostener que permitiría dinamizar las contrataciones en el sector privado.

En febrero, la jefa del bloque de senadores libertarios, Patricia Bullrich, encabezará las negociaciones para intentar asegurar los consensos necesarios. Contará con el respaldo de referentes de la Casa Rosada como Diego Santilli, Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem, quienes ya trabajan en un esquema de acuerdos con gobernadores y legisladores aliados.

En paralelo, el Gobierno ya descartó la posibilidad de sesionar durante enero, por lo que la fecha del 2 de febrero aparece como el punto de reinicio del debate parlamentario. La estrategia oficial apunta a llegar a ese día con un escenario político más ordenado y con compromisos previos que permitan avanzar sin sobresaltos.

En cambio, la reforma del Código Penal quedará fuera de esta convocatoria. Se trata de un proyecto extenso y de alta complejidad técnica que, según fuentes oficiales, requerirá varios meses de trabajo en comisiones antes de llegar al recinto.

La definición final sobre la nueva convocatoria se tomará en los próximos días, pero en la Casa Rosada admiten que el objetivo es claro: retomar la agenda legislativa con un paquete acotado y de alto impacto político, y evitar que febrero se convierta en otro mes perdido para el oficialismo.