Tras intensas negociaciones, el Gobierno aceptó introducir cambios para asegurar respaldo político. Gobernadores de distintas provincias reclamaron mayor flexibilidad en la aplicación de la norma y obtuvieron concesiones que limitan el alcance de algunos artículos. Al mismo tiempo, la CGT logró preservar beneficios centrales para los trabajadores, como la continuidad de ciertos convenios colectivos y garantías en materia de indemnizaciones.

La estrategia del oficialismo apunta a mostrar capacidad de diálogo y evitar un enfrentamiento abierto con los sindicatos, que habían advertido sobre posibles medidas de fuerza. El resultado es un proyecto híbrido: mantiene la impronta modernizadora que busca el Ejecutivo, pero incorpora salvaguardas que atenúan el impacto en los derechos laborales.

La sesión promete ser extensa y cargada de tensión. Mientras los bloques opositores evalúan si acompañar o rechazar el texto, el oficialismo confía en que las concesiones alcanzadas permitan construir una mayoría suficiente. En juego no solo está la reforma laboral, sino también la capacidad del Gobierno de sostener su agenda en un Congreso fragmentado.

Las principales modificaciones acordadas con la oposición

El acuerdo alcanzado eliminó el artículo que proponía una rebaja del Impuesto a las Ganancias para grandes y medianas empresas, que implicaba un costo fiscal de más de 2 billones de pesos para las provincias. También se mantuvo la denominada “caja sindical”: habrá aporte solidario a los gremios por dos años, con un tope del 2%, y las cargas para las obras sociales seguirán en el 6%. Además, se ratificó el aporte obligatorio a las cámaras empresariales, limitado al 0,5%.

Otro punto clave fue el pedido de los bancos, que lograron conservar la exclusividad en el pago de salarios, dejando fuera a las billeteras virtuales. El oficialismo también acordó con los aliados la creación del Fondo de Asistencia Laboral, dividido en dos categorías: las grandes empresas aportarán el 1% de lo que destinan a ANSES, mientras que las pymes y minipymes contribuirán con el 2,5%.

En materia impositiva, se mantuvo la eliminación de impuestos internos y se creó el Régimen de Inversiones para Medianas Empresas (RIMI), que prevé beneficios fiscales como amortización acelerada de Ganancias y del IVA. Asimismo, se resolvió que los salarios solo podrán cobrarse en entidades bancarias o de ahorro oficial.

La senadora Patricia Bullrich, acompañada por referentes de la UCR y el PRO, defendió el consenso alcanzado con 44 legisladores: “El tango se baila de a dos. Una ley no es la imposición de una parte sobre la otra, sino la construcción de un acuerdo”. La Libertad Avanza, con 20 senadores propios, sumó el respaldo de la UCR, el PRO y partidos provinciales, alcanzando 41 votos seguros, aunque aún resta definir la posición de los representantes de Santa Cruz y de la cordobesa Alejandra Vigo.

El proyecto también contempla la derogación del Estatuto del Periodista, con un plazo de seis meses para que se negocie un nuevo convenio colectivo. “No tiene sentido que haya leyes distintas a la Ley de Contrato de Trabajo que rijan la vida laboral de los argentinos”, sostuvo Bullrich.