El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica y Producción y Trabajo, mientras que el peronismo y la izquierda lo rechazaron.

La iniciativa no se limita a la baja de edad: establece penas de hasta 15 años para delitos graves y asigna una partida presupuestaria de $23.739 millones destinada a programas de capacitación, recreación, deporte, atención médica y contención frente a consumos problemáticos. El texto busca “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.

El oficialismo defendió la medida como un paso para terminar con la “puerta giratoria” y dar respuesta a delitos cometidos por menores. Manuel Adorni, jefe de Gabinete, celebró la votación en redes sociales con la frase: “Delito de adulto, pena de adulto”. La diputada Laura Rodríguez Machado, presidenta de la Comisión de Legislación Penal, aseguró que antes de presentar el proyecto consultó a más de 30 especialistas en neurología, salud mental y desarrollo cognitivo.

El debate fue intenso y se trasladó a las calles: frente al Congreso se manifestaron organizaciones de derechos humanos, sindicatos y agrupaciones estudiantiles en rechazo, mientras que familiares de víctimas de delitos y grupos vecinales se expresaron a favor. La discusión ahora pasa al Senado, donde se anticipa un nuevo escenario de confrontación política y social.

Debate caliente con opiniones divididas y fuertes cruces

Como miembro informante, la diputada Laura Rodríguez Machado (LLA), presidenta de la Comisión de Legislación Penal, fue la encargada de defender el dictamen de mayoría. “Actualmente nos rige una ley de 1980, suscripta en un momento donde no regían los principios democráticos”, comenzó. 

Asimismo, destacó “el consenso histórico” en relación al nuevo Régimen y recordó que “se ha establecido la edad de imputabilidad desde los 14 años”. Rodríguez Machado explicó que la norma prevé “un tratamiento para que la función final de los establecimientos sea resocializar al menor”. 

“Bajo ningún punto de vista vamos a alojar a los menores con los adultos”, aclaró. "Estamos dando garantías, dentro de un legítimo proceso, de que la prisión sea el último recurso”, fundamentó la diputada. 

De este modo, Rodríguez Machado dio detalles de algunos de los puntos significativos de la norma: “Hemos incorporado a las familias de las víctimas al proceso, se establece la figura del supervisor para seguir todo el proceso y se otorga un financiamiento para la implementación, infraestructura y funcionamiento de la ley”. 

Desde la oposición, la diputada Victoria Tolosa Paz (UXP) se refirió al dictamen de minoría y remarcó “la necesidad de construir un nuevo sistema penal". “Queremos penas progresivas, lugares especializados y proporcionalidad en las penas con diferenciación en las penas de los adultos”, puntualizó.

Desde el mismo bloque, el diputado Germán Martínez añadió: “No hay un abordaje sobre el tema: hay un vacío de políticas públicas".

Desde el bloque Provincias Unidas, el diputado Pablo Farías aseguró que “no se puede seguir dilatando este debate sobre el sistema de responsabilización penal de los niños y adolescentes que están en conflicto con la ley penal”. “Nuestro dictamen alternativo busca fortalecer y reforzar la especialización para respetar los derechos de las víctimas y victimarios”, afirmó.

En representación del Frente de Izquierda, la diputada Romina del Plá cuestionó la norma al considerar que “no son medidas para la protección de los niños y adolescentes”.

En tanto, el diputado Martín Yeza (PRO) aseguró que “este sistema consensuado busca evitar la carrera delictiva".

Desde el bloque de Innovación Federal, la diputada Yolanda Vega manifestó que “hoy la sociedad requiere que le otorguemos derechos y garantías a los niños y adolescentes". Al mismo tiempo, reclamó que “las provincias necesitan recursos para aplicar” la ley.

Sobre el final del debate, el diputado Nicolás Mayoraz (LLA) consideró que “hoy es un momento histórico, vamos a modificar un Régimen de 1980, de un gobierno militar: los que dicen que defienden los DD.HH. quieren una ley de 1980”.

“Este cambio lo reclama la sociedad, no tiene marcha atrás, el presidente Milei lo dijo desde el primer día, vinimos a cambiar las cosas y hoy estamos haciendo historia por las víctimas y todos los argentinos”, argumentó Mayoraz. 

Antes de la votación, el jefe de bloque del oficialismo, Gabriel Bornoroni (LLA), concluyó: “Queremos una Argentina donde el que las hace, las paga. Se acabó la Argentina del garantismo, que le ha hecho mucho daño a los argentinos, sobre todo a los jóvenes”.