En una jugada que sacudió la dinámica interna del Senado, el oficialismo —con el aval de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich— decidió entregar la vicepresidencia de la Cámara Alta a la senadora jujeña Carolina Moisés, alineada con gobernadores peronistas aliados como Gustavo Sáenz (Salta).

La designación de Moisés se concretó tras su ruptura con el bloque Unión por la Patria, espacio conducido por José Mayans (Formosa), histórico representante del kirchnerismo en la Cámara. La maniobra dejó sin cargos institucionales al sector que responde a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, marcando un quiebre en la distribución de poder dentro del peronismo.

Bullrich defendió la decisión como parte de una estrategia para “afianzar una mayoría de 47 senadores” y garantizar gobernabilidad en un escenario legislativo fragmentado. El acuerdo contó con el respaldo de bloques provinciales, la UCR y el PRO, consolidando un frente amplio contra la influencia kirchnerista.

La vicepresidencia del Senado, aunque protocolar, otorga visibilidad y capacidad de interlocución. Para los gobernadores, representa un reconocimiento a su rol como articuladores de poder territorial. Para el kirchnerismo, en cambio, la exclusión significa la pérdida de un espacio clave en la conducción parlamentaria y un golpe simbólico a su capacidad de incidencia.

El desenlace abre un nuevo capítulo en la disputa interna del peronismo: mientras los gobernadores fortalecen su peso institucional, el kirchnerismo enfrenta el desafío de reconfigurar su estrategia en un Congreso donde las alianzas territoriales parecen imponerse sobre las lealtades históricas.