La iniciativa, cuestionada por sectores opositores y organizaciones ambientalistas, introduce modificaciones en los criterios de protección y en los alcances de las zonas consideradas “glaciares y ambiente periglacial”. Según sus defensores, la reforma busca compatibilizar la preservación con el desarrollo económico, especialmente en actividades mineras y energéticas. Los críticos, en cambio, advierten que la nueva redacción abre la puerta a un retroceso en materia de resguardo ambiental.

El oficialismo celebró con aplausos y cánticos en el recinto, mientras referentes del Ejecutivo destacaban que la aprobación marca “un punto de inflexión” en la política de recursos naturales. La oposición, por su parte, denunció que la reforma responde a presiones empresariales y anticipó que recurrirá a la Justicia para frenar su aplicación.

La votación deja al descubierto una grieta profunda: de un lado, quienes sostienen que la ley original era demasiado restrictiva; del otro, quienes consideran que la reforma debilita un marco de protección clave frente al cambio climático. En medio de esa disputa, el Gobierno eligió celebrar, convencido de haber consolidado un triunfo legislativo que fortalece su poder político en el inicio del año parlamentario.

La iniciativa se aprobó con 40 votos afirmativos, recibió 31 rechazos y una abstención, y ahora la escena se trasladará a la Cámara de Diputados una vez que comience el periodo de sesiones ordinarias.

La Ley de Glaciares: de la protección estricta a la flexibilización productiva

La Ley de Glaciares (26.639) fue sancionada en 2010 como una norma de presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglaciar en todo el territorio argentino. Su espíritu era claro: preservar estas reservas estratégicas de agua dulce frente al avance de actividades extractivas. La ley original establecía prohibiciones absolutas sobre minería, hidrocarburos y cualquier emprendimiento industrial en zonas identificadas como glaciares o periglaciares, además de ordenar un inventario nacional para delimitar con precisión las áreas protegidas.

La reforma aprobada en el Senado en febrero de 2026 introduce cambios sustanciales

Definiciones más acotadas: se redefine qué se entiende por “glaciar” y “ambiente periglaciar”, reduciendo el alcance de las zonas bajo protección.

De prohibiciones a evaluaciones: en lugar de prohibir de manera tajante ciertas actividades, se habilita que puedan realizarse si superan estudios de impacto ambiental. Esto abre la puerta a proyectos mineros y energéticos en áreas antes vedadas.

Mayor rol de las provincias: se otorga a las jurisdicciones locales más potestad para decidir sobre el uso de los recursos, lo que fortalece la autonomía provincial frente a la normativa nacional.

Objetivo económico declarado: el Gobierno sostiene que la reforma permitirá destrabar inversiones por más de 30 mil millones de dólares, especialmente en minería de alta montaña y energía.