La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó el procesamiento del exministro de Transporte bonaerense, Jorge Alberto D’Onofrio, y del empresario Facundo Asensio, a quienes se les atribuye el delito de lavado de activos de origen ilícito. En el caso del exfuncionario, el tribunal ratificó además el agravante por su condición de funcionario público, lo que agrava la imputación en su contra.

La resolución, dictada el 2 de marzo de 2026, rechazó los recursos de apelación presentados por las defensas, que habían cuestionado la fundamentación del fallo de primera instancia y la valoración de las pruebas reunidas en la causa. Los camaristas también confirmaron el embargo de 300 millones de pesos sobre los bienes de Asensio, medida que busca garantizar el eventual decomiso.

El expediente gira en torno a la compra de una Audi Q8, dominio AE554ZD, inscripta por Asensio en octubre de 2023 con un valor declarado de 30 millones de pesos, aunque fue asegurada por 173,8 millones. Pocos días después, se extendió una cédula azul a favor de D’Onofrio y la unidad fue adherida al sistema Telepase utilizando el correo electrónico y la tarjeta de débito del entonces ministro. En noviembre de 2024, el vehículo fue vendido por más de 77 millones de pesos. Para el tribunal, la secuencia de operaciones y las diferencias entre los montos declarados y los valores de mercado constituyen indicios claros de una maniobra de lavado.

Las defensas sostuvieron que el dinero utilizado para la compra del vehículo tenía origen lícito y provenía de un contrato de mutuo con la firma “Los Altos de Don Carlos S.A.”, además de la venta de un inmueble. Sin embargo, la Cámara señaló que esa sociedad no registra actividad comercial verificable y que los domicilios declarados no evidencian funcionamiento real, aspectos que ya habían sido ponderados por el juez de primera instancia.

Los camaristas remarcaron también contradicciones en las declaraciones de los imputados respecto del uso efectivo del vehículo y la gestión del Telepase. A esto se sumaron inconsistencias entre el valor declarado de adquisición y el precio real de mercado. En ese punto, consideraron el testimonio del comprador posterior, quien afirmó que la camioneta estaba publicada por 100 millones de pesos y que finalmente la adquirió por una cifra superior a los 77 millones.

En relación con el delito precedente, la Cámara recordó que para configurar el lavado de activos no es necesaria una condena firme por el ilícito anterior, sino la acreditación razonable de una actividad delictiva que haya generado los bienes bajo análisis. En ese marco, el tribunal destacó que D’Onofrio se encuentra formalmente imputado en una causa provincial donde se investigan presuntos hechos de malversación de caudales públicos durante su gestión como ministro de Transporte bonaerense. Ese antecedente, señalaron los jueces, constituye un sustento relevante para considerar que los fondos podrían tener origen ilícito y justificar así la confirmación de los procesamientos.

D’Onofrio presentó su renuncia indeclinable el 30 de diciembre de 2024, alegando motivos de salud y denunciando ser objeto de “acusaciones infundadas”. En su lugar, el gobernador Axel Kicillof designó a Martín Marinucci, expresidente de Trenes Argentinos, quien asumió la conducción del Ministerio de Transporte bonaerense.

El exfuncionario, nacido en San Isidro en 1963, es abogado egresado de la Universidad de Morón y también profesor de Educación Física. A lo largo de su carrera ocupó cargos en el Ministerio de Seguridad bonaerense y en el Ministerio de Justicia de la Nación. Fue senador provincial por Unión-PRO en 2009, luego integró el Frente Renovador y más tarde 1País. En 2021 ingresó al gabinete de Axel Kicillof como ministro de Transporte, en representación del massismo. Su gestión quedó marcada por la polémica de las fotomultas y la VTV, que hoy constituyen el núcleo de la causa judicial.