El bloque legislativo HECHOS ingresó un proyecto de ley en ambas cámaras de la Legislatura bonaerense con el objetivo de prohibir la tenencia y el uso de teléfonos celulares en todas las unidades penitenciarias de la provincia. La iniciativa busca revertir la normativa que se había implementado durante la pandemia de Covid-19, cuando se permitió el uso de dispositivos móviles para garantizar la comunicación de los internos con sus familias ante la suspensión de visitas.

Los impulsores sostienen que la medida es necesaria para evitar estafas, extorsiones y secuestros virtuales que se organizan desde el interior de los penales. En paralelo, otros proyectos similares ya habían sido presentados por legisladores de La Libertad Avanza, el PRO y el radicalismo, además de la senadora provincial Malena Galmarini, quien propuso instalar inhibidores de señal en todas las cárceles bonaerenses.

El debate se intensificó tras el caso del soldado Rodrigo Gómez, víctima de una extorsión telefónica organizada desde la cárcel de Magdalena, que dio origen a la denominada “Ley Rodrigo”, impulsada por el diputado Oscar Liberman con el respaldo de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado.

Días atrás, el diputado del bloque La Libertad Avanza Oscar Liberman, impulsó un proyecto legislativo para prohibir el uso de teléfonos celulares en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, una medida que busca frenar delitos que, según denunció, se cometen desde el interior de los penales. En el senado, Malena Galmarini del Frente Renovador también hizo lo propio.

Liberman explicó que el uso de celulares en cárceles bonaerenses se permitió inicialmente como una excepción durante la pandemia, cuando se buscaba facilitar la comunicación de los detenidos con sus familias ante las restricciones sanitarias. Sin embargo, el legislador sostuvo que esa medida nunca fue revertida y terminó naturalizándose dentro del sistema penitenciario.

“En ese momento se debatió que por una cuestión humanitaria había que permitir que los reclusos tuvieran un celular. Si bien eso debía caer automáticamente, no solo no cayó”, señaló el diputado.

Según afirmó, la permanencia de esa excepción generó consecuencias graves en materia de seguridad. “Hoy tenés en las cárceles bonaerenses call center del delito, donde los tipos cometen delitos con celulares, enseñan a cometer delitos y hacen las prácticas”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que la problemática ya no se limita a estafas económicas. “Hasta ahí ya estaba mal, pero ahora llegó a un nivel que no se puede permitir porque hay víctimas fatales”, afirmó, al mencionar el caso del soldado Rodrigo Gómez, al que consideró un ejemplo de una situación que, según dijo, se repite con distintos niveles de gravedad.

En tanto, Malena Galmarini, quien presentó otra iniciativa en la cámara alta, argumentó que “el sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”.

“El que está preso tiene que cumplir la condena que le impuso la Justicia, no seguir delinquiendo desde una celda”, explicó la dirigente tigrense y añadió que "hay víctimas que sufren angustia, miedo y pérdidas económicas, muchas veces bajo amenazas que simulan secuestros o situaciones de violencia contra sus familias”.