La crónica se abre con un fallo que sacudió la política argentina. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York anuló la condena multimillonaria contra el país por la estatización de YPF. Lo que en principio parecía un alivio financiero inmediato se transformó en un nuevo capítulo de disputa política interna.

En La Plata, Axel Kicillof salió a reivindicar la decisión de 2012 como un acto de soberanía. Recordó que la recuperación de YPF fue defendida con los mismos argumentos que hoy sostuvieron los abogados del Estado en tribunales internacionales. “No era un ataque personal, era una operación contra una decisión soberana”, escribió en redes, apuntando contra el discurso del presidente Javier Milei.

La respuesta del Gobierno nacional no tardó en llegar. Desde la Casa Rosada, la Oficina de Respuesta Oficial difundió un comunicado en tono áspero: calificó a Kicillof de “fracasado ex ministro” y lo responsabilizó por haber expuesto al país a un litigio que se prolongó más de una década. El mensaje buscó instalar la idea de que el kirchnerismo dejó una herencia de riesgos financieros que recién ahora se logra desactivar.

El cruce resonó en el tablero político. Cristina Fernández de Kirchner respaldó a su exministro y defendió la estatización como una medida necesaria para preservar recursos estratégicos. En paralelo, dirigentes oficialistas celebraron el fallo como una victoria judicial que, según ellos, desnuda la improvisación de la gestión kirchnerista.

La escena se completa con un clima de polarización: de un lado, quienes ven la decisión de Nueva York como una reivindicación histórica de la soberanía energética; del otro, quienes la utilizan para reforzar el relato del “fracaso” kirchnerista. En el medio, la sociedad observa cómo un fallo internacional se convierte en munición política en la batalla por el sentido de la estatización de YPF.