La Ley 26.639 había establecido presupuestos mínimos de protección para glaciares y ambientes periglaciares, prohibiendo actividades que pudieran afectarlos, como la minería o la explotación de hidrocarburos. Con la reforma aprobada por 137 votos a favor, 111 en contra y 3 abstenciones, esa protección deja de ser automática: cada provincia deberá realizar sus propios inventarios y decidir qué áreas conservar.

“Lo que se aprobó devuelve a las provincias la competencia que les corresponde. Nadie mejor que ellas para decidir sobre sus recursos naturales”, celebró un funcionario nacional tras la votación.

El foco en el ambiente periglacial

Uno de los puntos más sensibles es la redefinición del ambiente periglacial, es decir, los suelos congelados de forma permanente donde se mezclan hielo, roca y sedimentos. Hasta ahora estaban protegidos de manera integral; con la reforma, su conservación dependerá de evaluaciones provinciales.

“Estamos hablando de ecosistemas frágiles que regulan el agua en zonas áridas. Si se habilita la minería allí, el impacto puede ser irreversible”, advirtió la diputada opositora Graciela Camaño durante el debate.

Argumentos a favor y en contra

A favor: El Gobierno sostiene que la reforma aporta “claridad y previsibilidad” para las inversiones, evitando interpretaciones judiciales contradictorias. “La ley original era confusa y generaba inseguridad jurídica”, explicó Fernando Brom, subsecretario de Ambiente.

En contra: Organizaciones ambientalistas y comunidades cordilleranas denuncian que se trata de un retroceso. “Se está entregando la montaña a las mineras. Los glaciares no reconocen fronteras provinciales, son patrimonio nacional”, señaló un vocero de la Asamblea Jáchal No Se Toca.

La sesión estuvo acompañada por manifestaciones en las calles de Buenos Aires y en provincias cordilleranas. Los opositores acusaron al oficialismo de impulsar la reforma en medio de escándalos y con escasa participación ciudadana. “El Gobierno eligió el peor momento para avanzar con una norma que debilita la protección ambiental”, criticó un legislador de la UCR.

Lo que viene

La reforma ya tiene sanción definitiva, pero su aplicación dependerá de cómo cada provincia defina sus inventarios y criterios de protección. En la práctica, esto significa que la protección de glaciares y ambientes periglaciares será desigual en el país, dependiendo de la voluntad política y la presión social en cada territorio.