Según explicaron desde la Casa Rosada, uno de los principales argumentos para avanzar con esta medida es económico. El oficialismo sostiene que las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias implican un gasto elevado para el Estado y obligan a los ciudadanos a participar en internas partidarias. En ese sentido, el propio Milei remarcó que “no corresponde que la ciudadanía financie las internas de la política”.

El proyecto forma parte de una reforma más amplia que también incluye cambios en el financiamiento de los partidos políticos y la reactivación de la iniciativa de “Ficha Limpia”, que busca impedir candidaturas de dirigentes condenados por corrupción. Además, se plantean mayores exigencias para la conformación y mantenimiento de los partidos, con el objetivo de reducir los llamados “sellos de goma”.

Sin embargo, el Gobierno enfrenta un escenario complejo en el Congreso. Para avanzar con la eliminación de las PASO necesita reunir mayorías que hoy no están garantizadas, incluso entre aliados. Distintos sectores políticos ya expresaron reparos y advierten sobre el impacto que tendría la medida en la organización interna de las fuerzas y en la competencia electoral.

En este contexto, el oficialismo activó negociaciones con distintos bloques para conseguir los votos necesarios y avanzar con la reforma. La discusión no es nueva: en intentos anteriores, la falta de consenso obligó al Gobierno a retroceder o a optar por soluciones intermedias, como la suspensión temporal de las primarias en algunos procesos electorales.

De cara a 2027, la eliminación de las PASO aparece como una pieza clave en la estrategia política del Gobierno. Mientras defiende la medida como un paso hacia un sistema más eficiente y menos costoso, la oposición advierte que el cambio podría alterar el equilibrio del sistema democrático y las reglas de competencia entre partidos. El debate, que ya comenzó, promete ser uno de los ejes centrales del año legislativo.