De acuerdo con la información obtenida por Noticias Argentinas, el pedido se fundamenta en la presunta intención del funcionario de obstaculizar una investigación judicial en curso.

En el documento, Pagano advierte sobre un “riesgo procesal grave, actual e inminente” de entorpecimiento. Según la denuncia, ese riesgo se habría materializado el 4 de mayo de 2026, cuando Adorni habría mantenido un contacto directo con el testigo Matías Tabar poco antes de su declaración bajo juramento. Allí, el jefe de Gabinete le habría ofrecido “ayuda” y el respaldo de su “equipo”.

La presentación también menciona la supuesta eliminación de mensajes de WhatsApp con un contratista, lo que refuerza la sospecha de maniobras para alterar pruebas.

La doctrina Irurzun como sustento

Para justificar la medida cautelar, Pagano invocó la “doctrina Irurzun”, jurisprudencia de la Sala II de la Cámara Federal que habilita la prisión preventiva de funcionarios en ejercicio cuando sus vínculos de poder pueden ser utilizados para obstruir la justicia.

El escrito cita expresamente el voto del juez Martín Irurzun en la causa contra Julio De Vido (2017), como antecedente aplicable al caso de Adorni.

Marco legal y próximos pasos

La solicitud se apoya en los artículos 280 a 283 del Código Procesal Penal de la Nación y, de manera supletoria, en los artículos 210, 218 y 222 del Código Procesal Penal Federal.

Ahora queda en manos del juez interviniente resolver si hace lugar al pedido, que involucra a uno de los principales referentes del Poder Ejecutivo.