La cuarta Marcha Federal Universitaria volvió a poner en tensión al Gobierno y al sistema académico. Convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y sindicatos docentes y no docentes, la movilización reunió a miles de estudiantes y autoridades en reclamo por la aplicación inmediata de la Ley de Financiamiento Universitario y por la recomposición salarial. El acto central se realizó en Plaza de Mayo, con fuerte presencia de organizaciones sociales y políticas.

Desde la Casa Rosada, la respuesta fue inmediata. A través de un comunicado firmado por La Libertad Avanza, el oficialismo calificó la protesta como una “marcha política opositora” y acusó a sus organizadores de intentar instalar la idea de que el Gobierno busca desfinanciar o cerrar las universidades públicas. “El Gobierno Nacional ha cumplido con sus obligaciones y ha transferido mensualmente el presupuesto asignado a las universidades nacionales en concepto de gastos de funcionamiento”, señalaron. Incluso remarcaron que en el Presupuesto 2026 la partida destinada al sector ascendió a 4,8 billones de pesos, cifra que, según el Ejecutivo, demuestra el compromiso con la educación superior.

La polémica gira en torno a la Ley de Financiamiento Universitario, cuya ejecución fue suspendida por la Justicia al no contar con fuentes de financiamiento definidas en el Congreso. Para el Gobierno, su aplicación plena implicaría un gasto de 1,9 billones de pesos, incompatible con el equilibrio fiscal que Milei considera “inquebrantable”. Funcionarios como la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, insistieron en que la protesta excede lo académico y responde a intereses políticos.

Las universidades, en cambio, rechazan esa interpretación y advierten que la falta de actualización presupuestaria y salarial amenaza el funcionamiento del sistema. Rectores como Emiliano Yacobitti (UBA) cuestionaron la postura oficial y recordaron que el propio Gobierno intentó modificar la ley en el debate presupuestario sin lograr los votos necesarios. La tensión, judicializada en distintos tribunales, ahora espera una definición de la Corte Suprema.