Luis Eusebio Colao, presidente de Martilleros BA, cuestionó a un grupo de diputados de LLA que presentó recientemente en la Legislatura bonaerense un proyecto que "eufemísticamente denominan 'desregular el mercado inmobiliario' y que roza con lo ignaro y lo obsoleto, además de que, a prima facie, retrocede más de medio siglo en la evolución histórica profesional de la provincia".
Según el titular del Colegio inmobiliario provincial, "la tentativa de estos nueve legisladores, de los veinte que integran el bloque de La Libertad Avanza (LLA) bonaerense, es esconder, a través del enmarañado proyecto, la equiparación de los profesionales universitarios con cualquier persona humana o jurídica no matriculada, tal como señala su articulado propuesto".
"Con inusitado desparpajo —advierte Colao— modifican el Art. 80 de las infracciones con el siguiente texto: 'Queda excluida de las infracciones y multas previstas en el presente artículo toda persona que intervenga en la compraventa de inmuebles sin poseer título de martillero o corredor público'. Dicha modificación no sólo equipara la ilegalidad, sino que además la despenaliza. En resumidas cuentas, se legaliza la ilegalidad y se abre la puerta al reino de las estafas".
Más adelante, el presidente de Martilleros BA acusó a los nueve legisladores que promueven el mencionado de "promover la ilegalidad y de vulnerar, caprichosamente, la dedicación y el esfuerzo de cientos de personas que estudiaron una carrera y se perfeccionan con cursos y talleres a diario para brindar un mejor servicio".
Además, sostuvo que la iniciativa "precariza o podría terminar definitivamente con las fuentes de trabajo de más de 200 mil familias que laboran de modo directo e indirecto en el mercado inmobiliario de la provincia".
La iniciativa, impulsada por el diputado provincial Juan Osaba y acompañada por otros ocho integrantes de la bancada libertaria, propone reformar la Ley 10.973, que regula el ejercicio profesional de los martilleros y corredores públicos. El objetivo central es habilitar que personas físicas o jurídicas sin matrícula profesional puedan intervenir en tareas de intermediación, corretaje y cierre de contratos inmobiliarios.
La propuesta replica el espíritu de la reforma que diseña el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, y que el Ejecutivo nacional pretende enviar al Congreso en las próximas semanas.
El proyecto libertario incorpora explícitamente el principio de “autonomía de la voluntad” para que las partes puedan acordar libremente honorarios y comisiones, sin las limitaciones establecidas por la normativa vigente.
Además, elimina las sanciones que actualmente recaen sobre quienes realizan actividades reservadas a martilleros o corredores sin contar con matrícula habilitante. Hoy, la Ley 10.973 prevé multas que pueden alcanzar hasta el doble de los honorarios percibidos por quien ejerza ilegalmente.
En los fundamentos de la iniciativa, Osaba cuestionó el esquema actual y sostuvo que la Provincia “impone un monopolio de intermediación basado en una matrícula” para tareas que considera esencialmente comerciales.
Según argumentó el legislador, la regulación vigente terminó convirtiéndose en una barrera de acceso que limita la libertad de contratación y restringe la posibilidad de que los ciudadanos elijan quién los asesora al momento de disponer de sus bienes.