En declaraciones públicas, Goerling Lara sostuvo que la permanencia de Adorni “está paralizando la gestión de todos los argentinos” y que el escándalo patrimonial del funcionario rompió el vínculo con la sociedad. El senador recordó que el bloque amarillo fue el que solicitó que Adorni comparezca en el Senado el próximo 2 de julio, pero advirtió que la situación llegó a un “punto límite” tras su informe en Diputados, donde —según dijo— “le ha mentido al Congreso y a toda la Argentina”.

El PRO subrayó que existen dos caminos institucionales. La moción de censura es un gesto político fuerte de ambas cámaras que puede ser desoído por el Presidente. En cambio, la remoción tiene un efecto jurídico vinculante: obliga al Ejecutivo a desplazar al jefe de Gabinete. Para activarla en el Senado se requieren 37 votos, una cifra que podría alcanzarse si el PRO se suma a los bloques opositores más duros.

La presión sobre Adorni se intensificó tras su declaración jurada y las explicaciones insuficientes sobre su patrimonio. El PRO, que hasta ahora había evitado confrontar directamente con Javier Milei, busca diferenciarse del oficialismo y marcar límites en torno a la transparencia institucional. “Arrancó el Mundial y seguimos hablando de Adorni. Yo pensé que a esta altura el Presidente habría tomado la decisión de correrlo del cargo”, ironizó Goerling Lara, reflejando el desgaste político que atraviesa el Gobierno.

El peronismo ya convocó a una sesión especial para el 23 de junio en Diputados, con proyectos de interpelación y censura. En el Senado, el bloque justicialista cuenta con 33 votos y necesita sumar aliados para alcanzar el quórum. La definición dependerá del rol del PRO y de la UCR, que podrían inclinar la balanza hacia una votación histórica: sería la primera vez que el Congreso activa el mecanismo de remoción de un jefe de Gabinete desde la reforma constitucional de 1994