La Libertad Avanza desplegó una estrategia precisa para neutralizar la sesión pedida por Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y otros bloques opositores. El presidente de la Cámara, Martín Menem, fue clave en la coordinación: acordó con los bloques aliados del PRO y la UCR que no bajaran al recinto, lo que dejó a la oposición lejos de los 129 diputados necesarios para abrir el debate.
Además, el oficialismo convocó a la Comisión de Asuntos Constitucionales para la próxima semana, trasladando allí cualquier discusión sobre la interpelación. Con esa maniobra, ganó tiempo y evitó que el tema se tratara “sobre tablas”, lo que hubiera requerido una mayoría de dos tercios imposible de alcanzar para la oposición.
Los bloques opositores habían presentado seis proyectos de resolución que incluían pedidos de informes sobre el patrimonio de Adorni y mociones de censura para promover su desplazamiento. Sin embargo, al no conseguir el quórum, la sesión se cayó y solo pudieron bajar al recinto para dejar constancia de su postura en minoría. Legisladores como Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) denunciaron que el oficialismo “inventó obstáculos y dilaciones parlamentarias” para impedir el control político previsto en la Constitución.
El fracaso de la sesión refleja el blindaje político que el oficialismo logró tejer alrededor de Adorni, en medio de las investigaciones judiciales por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La Casa Rosada busca evitar que la crisis patrimonial del jefe de Gabinete monopolice la agenda legislativa y complique el tratamiento de proyectos económicos como el “Súper RIGI” y acuerdos financieros con bonistas internacionales.
Mientras tanto, la oposición insiste en que el artículo 101 de la Constitución habilita la interpelación directa sin necesidad de dictamen de comisión, pero el oficialismo sostiene que debe seguir el procedimiento legislativo ordinario. Esa disputa reglamentaria promete prolongar la tensión en el Congreso.
El foco ahora se traslada a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde comenzará el debate formal sobre la interpelación a Adorni. Además, el jefe de Gabinete deberá presentarse el 2 de julio en el Senado para rendir su informe de gestión y responder preguntas sobre su patrimonio. Hasta entonces, el oficialismo logró ganar tiempo y mantenerlo en funciones, mostrando que su operativo parlamentario funcionó con eficacia.