Los legisladores opositores reclaman explicaciones al gobernador Axel Kicillof por la licitación que prevé destinar más de 2.278 millones de pesos a la creación de un canal de streaming estatal. El expediente, identificado como Proceso de Compra Nº 401-0405-LPU26, contempla la contratación de un servicio integral de producción audiovisual con móviles, drones, cámaras de seguimiento y un estudio propio para transmisiones en vivo.
El presidente de LLA en la provincia, Sebastián Pareja, denunció que se trata de un “medio de propaganda” financiado con fondos públicos y advirtió que “en seis meses va a despilfarrar $2.278 millones de cada bonaerense”. En la misma línea, el senador Carlos Curestis calificó la iniciativa como “una vergüenza” y el diputado Juanes Osaba sostuvo que “mientras la provincia se hunde en la inseguridad, la crisis en el IOMA y los días de clases perdidos, el gobernador usa la billetera de los que laburan para financiar su trinchera ideológica”.
Los pedidos de informes exigen al Ejecutivo detallar el destino de los recursos, los medios donde se distribuirán los contenidos y los mecanismos de control para evitar un uso partidario. Para la oposición, la medida refleja prioridades invertidas en un contexto de crisis social y económica. El gobierno, en cambio, defiende la necesidad de fortalecer la comunicación institucional y ampliar la cobertura de sus actividades.
En 2012, durante la gestión del entonces gobernador Daniel Scioli, se lanzó DIGO, un canal estatal que buscaba convertirse en plataforma comunitaria e interactiva.
El proyecto fue anunciado por el entonces titular del Instituto de Cultura provincial, Jorge Telerman, y el exsecretario de Comunicación Pública, Juan Courel. La propuesta se presentaba como un espacio de acceso gratuito donde los vecinos podían subir sus propios videos, opinar y participar en debates sin mediaciones. “DIGO propicia el debate y el intercambio de ideas en un contexto comunitario, interactivo y democrático”, se explicó en su lanzamiento.
La conducción artística estuvo a cargo de los directores Gastón Duprat y Mariano Cohn, quienes destacaron el carácter innovador de la señal. Duprat subrayó que, a diferencia de otros canales, el contenido “iba de abajo hacia arriba”, inspirado en la experiencia del canal Ciudad Abierta creado en 2000. Cohn, por su parte, remarcó que la idea era “canalizar la enorme riqueza reflexiva de los televidentes” y ofrecer un abanico de opiniones que no tenían lugar en otros medios masivos.
En ese momento Courel defendió la iniciativa en términos de ciudadanía: “La era de la información transformó a la comunicación en un servicio esencial para el ejercicio de los derechos. En ese contexto, el rol de los medios públicos es favorecer la pluralidad de voces y fortalecer la identidad cultural”. El canal transmitía las 24 horas por la señal de TV 32 y permitía a los ciudadanos expresar libremente opiniones políticas, económicas o personales, con el único límite del respeto al otro.
La comparación con el actual proyecto de Kicillof es inevitable. Mientras la oposición denuncia que se trata de un “medio de propaganda” financiado con fondos públicos, el antecedente de Scioli muestra que la idea de un canal participativo y estatal no es nueva en la provincia. La discusión vuelve a girar en torno a las prioridades de gestión y al rol de los medios públicos en un contexto de crisis social y económica.