En su segunda conferencia de prensa en Casa Rosada, el vocero presidencial Adrián Ravier explicó que la custodia se mantiene “por motivos de seguridad”. Según reveló, Adorni habría recibido amenazas en el marco de la investigación judicial que enfrenta, lo que justificaría la continuidad de la protección. El exfuncionario, en su carta de renuncia, había señalado que esas amenazas lo llevaron a tomar precauciones adicionales.

La confirmación del Gobierno desató críticas en redes sociales y en sectores de la oposición. La diputada nacional Marcela Pagano presentó una denuncia penal solicitando que se investigue si Adorni continúa utilizando personal de la Policía Federal y vehículos oficiales sin tener ya un cargo público. El expediente quedó radicado en el juzgado federal de Julián Ercolini. Según la denuncia, al cesar su función pública también cesó el fundamento legal que habilitaba el uso de recursos estatales, por lo que la continuidad de la custodia carecería de respaldo administrativo.

Contexto judicial

Adorni enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito, en la que se investigan compras realizadas por empleados de la Jefatura de Gabinete en su nombre. El Gobierno negó haber impulsado una auditoría interna sobre esas operaciones y sostuvo que “el tema está en la justicia”. Ravier remarcó que serán los tribunales los que determinen responsabilidades y que no existe un mecanismo paralelo dentro del Ejecutivo para evaluar esas conductas.

La continuidad de la custodia plantea un debate sobre los privilegios de los exfuncionarios y los límites de la protección estatal. Mientras el Gobierno insiste en que se trata de una medida preventiva por amenazas, la oposición reclama que se trata de un uso indebido de recursos públicos. El caso se suma a la tensión política que atraviesa la administración libertaria y mantiene a Adorni en el centro de la escena, incluso después de su salida del gabinete.