“Resulta inaceptable que, mediante una medida cautelar dictada por un juzgado provincial, se haya impedido la aplicación de una ley nacional en la Provincia de Buenos Aires”, sostuvo Macri a través de una publicación en X.

El referente del PRO apuntó directamente contra el fundamento utilizado por la magistrada para disponer la suspensión. Macri cuestionó que Pascual haya basado su decisión en la posibilidad de que la aplicación de la norma pueda generar una vulneración de derechos.

“La magistrada reconoce que su decisión se basa únicamente en sus presunciones”, afirmó el exmandatario, al citar un tramo de la resolución en el que Pascual sostiene que el Poder Judicial puede intervenir antes de que se produzca una eventual violación de derechos cuando existen elementos que permitan presumir razonablemente que ocurrirá.

Para Macri, el problema excede la discusión sobre la edad de imputabilidad y alcanza directamente al equilibrio entre los poderes del Estado. “Nuestro sistema constitucional no le atribuye al Poder Judicial la capacidad de hacer una revisión preventiva sobre las decisiones legislativas”, planteó.

El expresidente remarcó además que la norma cuestionada fue sancionada por el Congreso y promulgada por el Poder Ejecutivo. Por eso consideró “muy preocupante” que una medida cautelar de un juzgado provincial haya dejado temporalmente sin efecto la aplicación de una ley nacional en la jurisdicción bonaerense.

La jueza había frenado la aplicación por 60 días

La resolución fue dictada el lunes 7 de septiembre por Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La magistrada hizo lugar a un hábeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo y suspendió durante 60 días la aplicación del nuevo régimen en territorio bonaerense.

La Ley 27.801 establece un régimen penal para adolescentes desde los 14 hasta los 18 años. Fue sancionada por el Congreso el 27 de febrero, promulgada por el Ejecutivo en marzo y reglamentada por el Gobierno nacional mediante el Decreto 875/2026, publicado el 7 de septiembre.

El argumento central de Pascual no fue, según explicó la propia magistrada, un rechazo a bajar la edad de imputabilidad. Su preocupación está puesta en las condiciones concretas para implementar el nuevo sistema.

La jueza sostuvo que la Provincia no cuenta actualmente con la infraestructura y los recursos suficientes para absorber un eventual aumento de adolescentes alcanzados por el sistema penal. En declaraciones públicas, incluso afirmó que la reducción de la edad de imputabilidad, por sí sola, no necesariamente generará mayor seguridad.

“No estoy en desacuerdo con bajar la edad de imputabilidad. No romantizo a los chicos que salen con un arma”, explicó Pascual, aunque advirtió que el sistema debe contar con mecanismos adecuados para que el encierro no termine agravando las condiciones de los jóvenes involucrados en delitos.

La Fiscalía también apeló y habló de un “gravamen institucional”

El conflicto, además, ya llegó a una instancia superior. El fiscal Hernán Cerutti apeló este miércoles la resolución de Pascual y pidió que la medida cautelar sea dejada sin efecto mientras interviene la Cámara de Apelación y Garantías.

La presentación judicial calificó la decisión como un “gravamen institucional y jurídico de extrema gravedad”. Uno de los principales cuestionamientos es que la jueza haya extendido los efectos de su decisión a todo el territorio bonaerense a través de un hábeas corpus, sin identificar —según la Fiscalía— un caso concreto de una restricción ilegal o arbitraria de la libertad de un adolescente.

La Fiscalía también puso en duda la base empírica utilizada para anticipar un eventual colapso del sistema. En particular, cuestionó que la resolución no precisara cuántos adolescentes podrían quedar efectivamente alcanzados por el nuevo régimen, cuántos podrían ser privados de su libertad ni cuál sería la eventual demanda sobre los establecimientos existentes.

Así, la disputa dejó de ser exclusivamente jurídica y se transformó en un nuevo frente político alrededor de una de las reformas impulsadas por el Gobierno de Javier Milei.

Mientras Macri denuncia una intervención judicial sobre una ley sancionada por el Congreso, la jueza Pascual sostiene que su decisión busca evitar que la puesta en marcha del régimen se produzca sin las condiciones necesarias para garantizar los derechos de los adolescentes.

Por ahora, la aplicación de la reforma permanece suspendida en la provincia y la apelación de la Fiscalía deberá ser analizada por la Cámara. La discusión sobre la baja de la edad de imputabilidad, que ya había generado fuertes cruces entre Nación, Provincia y distintos sectores políticos, suma así una nueva batalla: esta vez, entre el Poder Judicial bonaerense y quienes sostienen que una jueza provincial no puede frenar la aplicación de una ley nacional.